La institucionalización de una dictadura
Morena y sus aliados votaron para regresar a México a la era del fraude. Para que López Obrador eche a la basura los votos de los ciudadanos e instale de una vez por todas una dictadura.
El saldo más amargo del Plan B fue ver cómo senadores y diputados votaban alegre e impunemente por violar la Constitución. Lo hacían con plena conciencia, de manera premeditada y por el sólo hecho de tener mayoría simple en las dos cámaras.
El ilegal y tortuoso proceso legislativo con el que se aprobó la reforma del presidente obliga a preguntar:
¿Tener más curules que otros partidos otorga superioridad política y moral para violentar la Constitución, destruir al INE y aplastar la democracia?
La aprobación de una iniciativa que fue pensada para dañar al país abre enormes desafíos. ¿Por qué un diputado o un senador puede votar impunemente a favor de un proyecto que busca dar un golpe a la Constitución, sin que pase nada?
Los diputados y senadores de Morena violaron la Constitución para regalarle a López Obrador el 24.
Descuartizaron al órgano electoral para que el presidente pueda imponer a su sucesor o sucesora sin obstáculos. Una parte del Poder Legislativo se alió al Ejecutivo para acabar con la vida institucional del país. Juntos tramaron dar un golpe al voto libre y a la certeza electoral para beneficiarse.
Lo que hemos vivido en estos días deja ver que la integridad del constitucionalismo mexicano está en peligro. Que López Obrador y su régimen ya no se rigen por la Carta Magna sino a partir de códigos e intereses estrictamente personales.
La aprobación del Plan B representa el inicio de un proceso de desconstitucionaización y la entrada a un Estado totalitario que buscará consolidarse con un INE desmantelado incapaz de impedir que haya elecciones de Estado.
Si la Corte no impide el atraco, avalará que el país regrese a los tiempos de la violencia y la inestabilidad política.
La reforma aprobada socava la confianza y la certeza de los resultados electorales. Deja de haber garantías para que el voto sea correctamente contado y respetado. Pone a México en el terreno de la duda y la desconfianza política.
Propicia que la lucha por el poder se resuelva -otra vez- por la vía de las armas y ya no a través de las urnas.
El Plan B beneficia y protege a los principales aliados del Presidente. Al PT y al Verde les regala fraudulentamente votos para que no pierdan el registro y a los narcos evita mencionarlos para que sigan metiendo votos a favor de Morena.
Pero eso sí, se castiga los derechos políticos de las mujeres.
Al mismo tiempo que México se abstenía en la ONU de sancionar a Irán por reprimir a quienes se niegan a utilizar el velo, aquí se votaba por acabar con la paridad de género en las candidaturas.
La demolición del INE implica la demolición de muchos derechos y libertades. De muchas luchas y conquistas. Hoy la Corte tiene la última palabra. Le toca tomar una decisión histórica y definitiva.
Los ministros sólo tienen dos opciones: